Para proteger los derechos y las garantías de las personas, es imprescindible que las acciones del gobierno queden sujetas al escrutinio público, como base fundamental para la construcción de una cultura de transparencia.
De hecho, un poderoso incentivo para que la autoridad funcione con una reducida discrecionalidad y apegada a la normatividad vigente, deriva de la posibilidad de que los particulares cuenten con medios para revisar las acciones de sus autoridades y órganos públicos, a través de procedimientos claros y sistemáticos de acceso a la información. Entonces, la relación de la sociedad con el Estado en cuanto a la información que este último posee, debe fundamentarse en la premisa de máxima publicidad, excepto cuando se establezca lo contrario. Esta premisa se sustenta en el reconocimiento de que un gobierno democrático funge como guardián de la información que tiene de los ciudadanos.
Situar al pueblo como el verdadero soberano de la información pública es una condición para promover una relación menos asimétrica de los ciudadanos con la autoridad y, sobre todo, impulsar una participación ciudadana más decidida y activa en los asuntos públicos. Más aún, para el desempeño de las actividades cotidianas, los individuo s requieren de una cantidad mayor de información que aquella que pudiese ser accesible de la fuente misma y sin intermediarios. Sin embargo, la legislación actual no garantiza en tiempo y forma los requerimientos necesarios para que cualquier persona acceda a la información.
En una materia tan delicada y compleja como la información, el derecho ha debido intervenir para realizar la función que le otorga su razón de existir: procurar justicia. Pero dicha intervención ha sido muy limitada y poco efectiva, da da la inexistencia de un marco legal para garantizar el acceso. Sin el reconocimiento de este derecho, se limita el tránsito hacia un estado más democrático. No puede haber un estado de derecho sin una adecuada protección del derecho de acceso a la información.
Fuente: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios